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Exgobernador del Callao Ciro Castillo Rojo Salas recibe 24 meses de prisión preventiva por delitos de organización criminal y colusión

Exgobernador del Callao Ciro Castillo Rojo Salas recibe 24 meses de prisión preventiva por delitos de organización criminal y colusión

El Poder Judicial del Perú dictó 24 meses de prisión preventiva contra el exgobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. La medida fue dispuesta por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, tras más de diez días de audiencias y la evaluación parcial del requerimiento fiscal.

La resolución, emitida este domingo 11 de enero de 2026, alcanza también a otros ocho investigados vinculados a la presunta red criminal liderada por Castillo Rojo. El magistrado ordenó la inmediata ubicación y captura del exgobernador a nivel nacional e internacional, ya que se encuentra en condición de no habido desde diciembre de 2025.

Según la tesis fiscal, Castillo Rojo habría liderado una organización dedicada al presunto direccionamiento de contratos públicos por más de 1.4 millones de soles, mediante procesos de contratación irregulares en el gobierno regional, favoreciendo a terceros a través de licitaciones presuntamente dirigidas.

El juez consideró acreditados los presupuestos legales de la prisión preventiva, al evaluar que existían elementos de convicción suficientes para vincular a los investigados con los delitos imputados. La medida busca garantizar la presencia de los implicados durante el desarrollo del proceso judicial.

Este caso, conocido como "Los socios del Callao", forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en la administración pública de la región. La prisión preventiva dictada contra Castillo Rojo y los otros ocho procesados es un paso importante en el esclarecimiento de estos hechos.

La decisión del Poder Judicial refleja la determinación de las autoridades por combatir la corrupción y llevar ante la justicia a aquellos funcionarios públicos que presuntamente han abusado de sus cargos en perjuicio de la población. El caso seguirá siendo monitoreado de cerca por la opinión pública, en espera de que se alcance la verdad y se haga justicia.

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