En medio de crecientes tensiones sociales y presión inflacionaria en Bolivia, las protestas y bloqueos contra el Decreto 5503 han generado efectos adversos en el abastecimiento y los precios de los alimentos y medicamentos, impactando principalmente a los sectores más vulnerables.
El exsenador Leonardo Loza salió a respaldar las movilizaciones, afirmando que el decreto "privilegia y beneficia a las transnacionales y a las empresas grandes" y "pisotea" la construcción política del Estado. Sin embargo, la realidad en los mercados y barrios populares del occidente del país es otra.
Los bloqueos de caminos han provocado retrasos en el transporte de productos básicos, reduciendo la oferta y provocando un alza sostenida de precios. Comerciantes y consumidores reportan encarecimiento de productos de primera necesidad, como el pollo, que en el mercado de Villa Fátima se vende a 30 bolivianos el kilo.
Además, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) han alertado sobre las dificultades en el abastecimiento regular de medicamentos, dispositivos médicos y oxígeno medicinal debido a los paros y bloqueos.
Según estimaciones del Gobierno y del sector empresarial, la afectación diaria por los bloqueos ronda los 100 millones de dólares, impactando la actividad productiva y el transporte interdepartamental.
En este escenario, el debate sobre el Decreto 5503 queda atrapado entre consignas políticas y una realidad concreta: cada día de rutas cerradas se traduce en alimentos más caros, menos medicamentos y mayor malestar social en el occidente de Bolivia.
