Los programas gubernamentales destinados a atender a los migrantes en México han sido escenario de abusos y violaciones a los derechos humanos, según denuncias de los propios beneficiarios. Diez personas resultaron afectadas en incidentes donde fueron sacadas de manera violenta de los apoyos, además de reportar pérdida de dinero y pertenencias.
Las acciones ocurrieron en el marco de los programas implementados por el gobierno para asistir a los connacionales ante las políticas antimigratorias que se han endurecido en los últimos años. Según los testimonios, los migrantes desconocen las razones por las que fueron retirados de los apoyos de manera abrupta.
"Llegaron de sorpresa y nos sacaron a la fuerza, sin explicarnos nada. Perdí mi dinero y algunas de mis cosas más valiosas", relató uno de los afectados, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones los abusos y la falta de protección que sufren los migrantes en México, tanto de las autoridades como de grupos delictivos. Estos incidentes vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de esta población y la necesidad urgente de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha implementado diversos programas de apoyo a migrantes, como albergues, comedores y asistencia legal. Sin embargo, los beneficiarios señalan que la ejecución de estos programas deja mucho que desear.
"Nos ofrecen ayuda, pero luego nos tratan peor que delincuentes. Es una burla a nuestra situación", afirmó otro de los migrantes afectados.
Las autoridades aún no se han pronunciado sobre estos incidentes. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva y la implementación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para evitar que se repitan este tipo de abusos.
Los migrantes, en su lucha por encontrar una vida mejor, enfrentan obstáculos y violaciones a sus derechos en cada etapa del camino. Estos hechos evidencian la urgente necesidad de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de esta población vulnerable.
