Los aterradores videos que circulan por las redes sociales muestran la crudeza del crimen organizado en Guayaquil. Las imágenes capturan la operación de ingreso a la cancha donde se cometieron los asesinatos en Mocolí, así como el proceso de identificación y ejecución de las víctimas.
Más allá del horror de los crímenes, estos videos revelan varios aspectos preocupantes. En primer lugar, queda en evidencia que los grupos delictivos cuentan con un efectivo sistema de inteligencia que les permite identificar y localizar a sus objetivos. Sabían quiénes eran, dónde estaban y qué hacían las víctimas, que también eran de interés para las autoridades.
Asimismo, el tiempo y la eficacia de la operación, sin dar oportunidad a la intervención policial, demuestran un alto nivel de entrenamiento y coordinación, comparable al de cualquier fuerza especial. Esto refleja la capacidad operativa y la audacia de estas organizaciones criminales.
Pero quizás lo más alarmante es que estos hechos confirman que ya no existe una "zona segura" en Guayaquil. La sensación de inseguridad y zozobra entre la población es innegable.
Finalmente, este episodio vuelve a demostrar que el crimen organizado no se combate únicamente con el uso de la fuerza. Ciudades como Medellín y Monterrey, que lograron recuperarse de situaciones similares, lo hicieron a través de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad, incluyendo gobiernos, empresarios, líderes comunitarios y religiosos.
La lección es clara: Guayaquil necesita un abordaje integral, que vaya más allá de las acciones policiales y militares. Se requiere una estrategia de largo plazo que involucre a toda la sociedad y que aborde los problemas estructurales que alimentan la espiral de violencia, como la falta de oportunidades económicas y la crisis en el sistema de seguridad social.
Mientras tanto, la economía del país sigue estancada, con un déficit fiscal y una deuda previsional que parecen insostenibles. Sin crecimiento económico y generación de empleo, los sectores más vulnerables se ven empujados hacia la delincuencia como única opción de supervivencia.
El Ecuador del 2026 debe ser un país de diálogo y acuerdos, donde la clase política y la sociedad en su conjunto asuman la responsabilidad de tomar las decisiones difíciles que permitan sentar las bases para un futuro más seguro y próspero. De lo contrario, el espiral de violencia y deterioro económico seguirá consumiendo al país.
