El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá tomar una decisión clave en los próximos días que no solo definirá el futuro de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, sino que también sentará un precedente sobre la participación política de personas condenadas por delitos graves como narcotráfico, violación y corrupción.
La Ley 30717, vigente desde 2018, establece la inhabilitación permanente para postular a cargos públicos de quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional esta medida solo para los casos de terrorismo y apología del terrorismo, manteniendo su aplicación para el resto de supuestos.
Ahora, el JNE deberá determinar si prevalece el principio de reinserción social y el derecho a la participación política, o si se impone el criterio de idoneidad en la función pública, que es el eje de la Ley 30717.
La decisión tendrá un efecto dominó en las próximas elecciones subnacionales de abril, donde se disputarán más de 13.000 cargos de elección popular en los 1.696 distritos, 196 provincias y 25 gobiernos regionales del país. Cientos de miles de candidaturas podrían verse afectadas por el precedente que siente el caso Vizcarra.
"Es una decisión que no solo marcará el destino de una candidatura presidencial, sino que también definirá si personas condenadas por delitos graves podrán postular a cargos nacionales, regionales y locales", explicó el analista político Javier Tantaleán.
Por un lado, los defensores del derecho a la participación política argumentan que la inhabilitación permanente vulnera el principio de resocialización, al negar a los condenados la oportunidad de reintegrarse a la vida pública. Por el otro, los partidarios de la Ley 30717 sostienen que la idoneidad moral y ética debe ser un requisito indispensable para quienes aspiran a cargos de representación.
"Es un dilema complejo que enfrenta principios constitucionales como la igualdad, el debido proceso y la presunción de inocencia. El JNE tendrá que analizar con sumo cuidado todos los argumentos antes de tomar una decisión", señaló la constitucionalista Lucía Álvarez.
Sea cual sea el fallo, es indudable que marcará un hito en la historia electoral del país. Las próximas semanas serán cruciales para definir los alcances de la participación política de los condenados por delitos graves en el Perú.
