El artículo analiza la compleja relación entre el orden político-estatal y el orden democrático-constitucional en países como Bolivia, donde la erosión de la autoridad del Estado ha llevado a una crónica ingobernabilidad.
El autor sostiene que un orden democrático sin un Estado soberano fuerte no produce libertad, sino anomia, caos y desorden. Cuando cada actor social se arroga el derecho de vetar políticas públicas en nombre de derechos abstractos, el gobierno pierde su capacidad de imponer decisiones impopulares pero necesarias.
La paradoja es que priorizar el orden democrático por encima del orden estatal, como ha ocurrido en Bolivia, no conduce a más derechos, sino a la destrucción gradual del gobierno y de las posibilidades de transformación económica.
Para el experto, la soberanía de la autoridad estatal debe prevalecer como condición de posibilidad de todo lo demás, incluso para la continuidad del sistema democrático. Los derechos solo pueden ejercerse dentro de un marco de obediencia al orden legal y a la decisión política central.
Bolivia, un país que necesita reformas estructurales profundas, no puede permitirse un Estado que se convierta en rehén de minorías organizadas, corporaciones, sindicatos o pulsiones identitarias. La democracia sin autoridad es incapaz de sostener los sacrificios colectivos necesarios para la transformación.
En definitiva, el autor concluye que es fundamental no retroceder e implementar el Decreto Supremo 5503, ya que solamente un Estado fuerte es capaz de proteger una democracia viable a largo plazo. Priorizar el orden democrático por encima del orden estatal conduce a la destrucción gradual del gobierno y de todas las posibilidades de cambio.
