El proyecto de ley de reajuste del sector público para el año 2026 presentado por el actual gobierno ha generado fuertes críticas debido a su precaria situación financiera y a las maniobras políticas que busca implementar.
Según el Informe Financiero del proyecto, existe un mayor gasto del orden de US$1.050 millones que no cuenta con financiamiento efectivo. Esto significa que el gobierno está prometiendo un reajuste que no puede pagar, dejando la cuenta para la próxima administración.
"No existen recursos suficientes para financiarlo. Ni para el reajuste propiamente tal, ni para los múltiples temas misceláneos que el Ejecutivo decidió incorporar en el mismo texto", señala el análisis.
Además, el proyecto busca blindar a funcionarios contratados durante esta administración, limitando la capacidad de gestión de la futura autoridad. Esto se ve como una "maniobra tan evidente como impropia" para condicionar al próximo gobierno.
Por si fuera poco, el proyecto también intenta legislar sobre materias sensibles como la ampliación del giro de empresas públicas, aprovechando la tramitación rápida que tradicionalmente tienen las leyes de reajuste.
"Introducir este tipo de modificaciones estructurales en el contexto de una discusión salarial no solo es inadecuado, sino derechamente riesgoso. Cambios de esta naturaleza requieren análisis profundo, evaluación de impactos, debate legislativo serio y participación de expertos", se critica.
En definitiva, este proyecto de ley resume varios de los problemas que han marcado permanentemente la gestión fiscal de este gobierno: promesas sin respaldo financiero, errores persistentes de cálculo, utilización política de la institucionalidad y un desprecio por las buenas prácticas legislativas.
"Reajustar sin pagar, amarrar sin discutir y legislar sin analizar parece ser su cuestionable método. El problema es que, como siempre, la cuenta no la paga quien firma el proyecto, sino quien hereda sus consecuencias", concluye el análisis.
