La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado un paso trascendental al crear la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y proponer mejoras al sistema electoral que "garanticen elecciones libres, transparentes y representativas". Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de debates y cuestionamientos sobre los verdaderos intereses que subyacen detrás de ella.
La reforma electoral en México es un tema de vital importancia, pues los sistemas electorales no son neutrales, sino que reflejan los intereses políticos de quienes los diseñan y aprueban. En las últimas décadas, el país ha experimentado una serie de cambios en sus reglas electorales, lo que ha derivado en una mayor competitividad y alternancia política a nivel nacional y local.
Ahora, con la mayoría legislativa de la que goza el partido de gobierno, MORENA, y sus aliados, la responsabilidad de la reforma recaerá exclusivamente en ellos. Esto genera preocupación, pues si bien en el pasado el sistema político mexicano ha demostrado capacidad de generar acuerdos, los partidos también han mostrado que son capaces de violar las propias reglas que diseñan.
Según la Comisión Presidencial, el insumo para la propuesta de reforma será la realización de foros en todo el país y una encuesta ciudadana. Sin embargo, la retórica gubernamental de "escuchar al pueblo" no elimina las negociaciones entre élites que seguramente tendrán lugar al interior del partido de gobierno y sus aliados, así como con los partidos de oposición.
Algunas de las ideas que han trascendido, como la eliminación de la representación plurinominal y de las autoridades electorales locales, podrían tener efectos significativos en la equidad de la competencia, al favorecer a los partidos con mayor presencia territorial y dejar fuera a diversas expresiones políticas.
Es fundamental que la reforma electoral en México se lleve a cabo con total transparencia, con la participación de todos los actores políticos y la sociedad civil, y con el objetivo de fortalecer la democracia y la representación política, sin caer en intereses partidistas. Solo así se podrá garantizar que el sistema electoral sea verdaderamente justo y representativo.
