La decisión de la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, de ordenar por decreto un recuento total de los votos de las elecciones de noviembre ha desatado una crisis diplomática en la región. Ocho países de América Latina, entre ellos Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, han firmado una nota conjunta rechazando el movimiento de Castro, a quien acusan de atentar contra la institucionalidad democrática del país.
El conflicto se centra en los resultados electorales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con una ventaja mínima del 0.74% sobre Salvador Nasralla. Castro, sin embargo, denuncia la existencia de casi 5,000 actas sin contar y cientos de impugnaciones por supuestos fraudes, y apunta directamente a una injerencia del expresidente estadounidense Donald Trump en el proceso.
Para los países firmantes de la nota, el decreto de Castro no es una búsqueda de transparencia, sino un intento de desconocer la victoria de Asfura. Advierten que esto podría abrir la puerta a una etapa de violencia política e inestabilidad en Honduras, un país que ya ha sufrido episodios de este tipo en el pasado.
La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de la crisis, que ya trasciende las fronteras hondureñas. El pulso ya no es solo interno, sino una batalla por la legitimidad internacional en una región que parece cansada de ver procesos electorales terminar en los despachos o en las calles, y no en las urnas.
Mientras Castro insiste en que su decreto es una defensa de la soberanía nacional, el aislamiento regional empieza a pasar factura. El futuro político de Honduras se debate en un delicado equilibrio entre la voluntad popular, la institucionalidad democrática y las presiones diplomáticas.
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