La nueva Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, aprobada recientemente en el país, aborda el tema de los pronósticos deportivos y las casas de apuestas. Si bien establece principios regulatorios importantes, como la obligación de domiciliarse en el país y contar con autorización de funcionamiento, la norma deja vacíos en aspectos clave relacionados con la prevención de la ludopatía y la transparencia financiera.
La ley apunta a evitar el anonimato de los usuarios y a que las casas de apuestas garanticen la trazabilidad de sus actividades. Además, prohíbe la participación en el juego a deportistas, entrenadores, dirigentes y otros actores relacionados con las competiciones, lo cual busca garantizar la integridad del deporte.
Sin embargo, la normativa no ha sido lo suficientemente rigurosa en cuanto a la regulación de las consecuencias negativas de las apuestas. No se han establecido, por ejemplo, límites de depósito, mecanismos de autoexclusión vinculante ni la obligación de las operadoras de aportar fondos para campañas preventivas contra la ludopatía.
Expertos señalan que esta es una oportunidad perdida, ya que la historia ha demostrado que la mera prohibición de las apuestas no resuelve el problema, sino que profundiza los problemas que se pretende evitar. Por el contrario, se considera que el Estado debe asumir un papel más activo en la regulación y control de esta actividad, tal como lo han hecho otros países de la región.
Países como Brasil, Ecuador y Argentina han manejado los pronósticos deportivos desde la esfera pública, con el objetivo de que los recursos generados contribuyan al financiamiento de servicios públicos como salud y educación. En Colombia, por ejemplo, existe Coljuegos, un ente encargado de la supervisión y regulación del sector, destinando los recursos recaudados al sistema de salud.
Analistas consideran que la nueva ley pierde una oportunidad valiosa al no crear un organismo específico que controle y exija a las casas de apuestas su retribución a la sociedad a través de aportes concretos a la salud pública y la educación. Queda ahora la esperanza de que el Ejecutivo, en el proceso de reglamentación de la ley, pueda subsanar estos vacíos y lograr un marco regulatorio más completo y efectivo.
