Una compleja red de intermediarios, entre ellos casas de cambio y financieras, habría estado involucrada en una presunta operatoria a gran escala de compra de dólares a valor oficial y posterior venta en el mercado paralelo, conocida como "el rulo". La Justicia investiga a bancos, casas de cambio y funcionarios públicos por maniobras que habrían costado al Banco Central unos 5.000 millones de dólares.
El escándalo comenzó a destaparse hace más de dos meses, cuando estalló el caso Sur Finanzas, una financiera que se convirtió en patrocinador de la AFA y varios clubes de fútbol. Las investigaciones señalan que la empresa habría estado en el centro de un entramado de lavado de dinero que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.
La sospecha es que parte de esos fondos habrían sido canalizados a través de una compleja red de intermediarios, entre ellos casas de cambio y financieras, donde estarían involucrados el llamado "Rey del Blue", Elías Picirillo, y el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.
Además, la Justicia indaga sobre un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, y que habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares solicitados al BCRA por autorizaciones de importaciones a través del sistema SIRA.
Los allanamientos y las investigaciones se aceleraron a fines de diciembre pasado, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de operativos en el Banco Central y los domicilios de cinco de sus funcionarios, en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras.
Según las pesquisas, el esquema habría involucrado a bancos y casas de cambio que habrían comprado dólares al valor oficial para luego venderlos en el mercado paralelo, aprovechando la brecha cambiaria que en ese entonces llegaba al 100%.
La investigación se centra en determinar si existió un entramado de casas de cambio, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros y movimientos que, en lugar de activar alarmas internas, habrían pasado con sorprendente facilidad por estructuras financieras obligadas a prevenir el lavado de activos.
De confirmarse este tipo de prácticas, se trataría de conductas violatorias de la normativa de prevención del lavado de activos y de los manuales internos que cualquier entidad bancaria está obligada a cumplir.
