Panamá da un paso importante para fortalecer la seguridad alimentaria y proteger la salud pública del país. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 152, que incorpora un nuevo delito al Código Penal relacionado con la producción, distribución e introducción irregular de alimentos.
La iniciativa, que ahora queda en manos del presidente José Raúl Mulino para su sanción o veto, establece penas de seis a ocho años de prisión para quienes introduzcan al país productos alimenticios de origen vegetal o animal sin los permisos sanitarios correspondientes.
El objetivo central del proyecto es proteger a la población, al productor nacional y a toda la cadena agroalimentaria, desde los campos de cultivo y producción pecuaria hasta que los alimentos lleguen a la mesa de los consumidores. La ley surge como respuesta a las constantes denuncias de comercialización de productos de dudosa procedencia, que representan un riesgo tanto para la salud como para la economía agrícola local.
Durante los debates legislativos, se aclaró que la iniciativa no está dirigida al contrabando como delito aduanero, sino a la introducción y comercialización de alimentos sin los permisos fitosanitarios y de inocuidad exigidos por la ley. No obstante, se abordó la preocupación por el ingreso de productos provenientes de países vecinos, como Costa Rica, que podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores, además de afectar la producción nacional.
El Proyecto de Ley 152 se sustenta en tres enfoques fundamentales: la protección de la salud pública, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la defensa de la producción nacional. Con esta nueva herramienta legal, Panamá busca combatir de manera más efectiva la introducción y comercialización de alimentos irregulares, que representan un peligro para la población y la economía del país.
