El Gobierno de Honduras se encuentra en una grave crisis política luego de que la presidenta Xiomara de Zelaya sancionara un decreto aprobado por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) en una sesión sin quorum. El decreto ordena el escrutinio electoral, derogando el derecho de hacer una declaratoria final de los comicios.
La oposición, encabezada por el Partido Nacional, acusa a la presidenta y al Congreso Nacional, liderado por Luis Redondo, de cometer un "autogolpe" y "delito de traición a la patria" al intentar manipular el proceso electoral y alterar la voluntad popular.
Por su parte, la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, criticó que los esfuerzos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) se dediquen a "perfeccionar el boletín diario del partido Libertad y Refundación" en lugar de informar a la ciudadanía.
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, consideró que el acto es un delito cometido tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, pero aseguró que la toma de posesión de diputados, alcaldes y el próximo presidente está garantizada por las Fuerzas Armadas.
El diputado Marlon Lara expresó que el decreto constituye un delito de traición a la patria, que no prescribe, y que en el futuro deberá ser juzgado por las autoridades correspondientes.
La crisis política en Honduras se profundiza a medida que el Gobierno de Xiomara Castro y el Congreso Nacional liderado por Libre se enfrentan por el control del proceso electoral. La oposición acusa a la presidenta y al Congreso de cometer graves delitos, mientras que el Gobierno defiende sus acciones como necesarias para garantizar la justicia electoral.
