Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha desatado una nueva ola represiva, con al menos 60 personas detenidas por "expresiones de opinión", según informó el Monitoreo Azul y Blanco, un organismo defensor de los derechos humanos.
Los arrestos arbitrarios se concentran en diversos departamentos del país, incluyendo Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones del Caribe Norte y Sur. Del total de personas aprehendidas, 49 permanecen detenidas "sin información sobre su situación legal", mientras que nueve han sido liberadas tras ser arrestadas y tres han sido sujetas a retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.
"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos", denunció el Monitoreo Azul y Blanco.
La embajada de Estados Unidos en Managua, por su parte, recordó que en Nicaragua hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas", entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos, y advirtió que "la paz solo es posible con libertad".
Esta nueva escalada represiva se produce en un contexto de tensión regional, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del gobierno de Ortega. Analistas consideran que Ortega busca afianzar su control y acallar cualquier voz disidente ante la inestabilidad generada por la detención de Maduro.
El Monitoreo Azul y Blanco hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua", y exigió la "libertad para todas las personas presas políticas" en el país.
Hasta el momento, el gobierno de Ortega no ha emitido un informe oficial sobre estas supuestas detenciones, lo que agrega aún más incertidumbre a una situación que ya de por sí es alarmante para los defensores de los derechos humanos en la región.
