Escándalo en Bolivia: Arrestan a exministro por millonario desvío de fondos en obra pública

La Policía de Bolivia ha detenido al exministro de Obras Públicas Edgar Montaño por su gestión en la construcción de una carretera que habría causado un perjuicio económico al Estado de Bolivia de casi 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros).

Montaño, quien ejerció sus funciones durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), fue arrestado en la ciudad de Santa Cruz por efectivos de la Policía y trasladado a la sede de Gobierno en La Paz.

Según el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, los delitos por los que se ha detenido a Montaño son "conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes". El exministro presuntamente utilizó un tipo de cambio más elevado que el oficial para realizar el pago a la empresa encargada de la obra, resultando en un sobreprecio del proyecto.

"Lo que se acordó con la empresa es un sobreprecio, que hoy queda esclarecido, y será en la instancia jurisdiccional competente donde el exministro establecerá su defensa", indicó Oviedo.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Edgar Montaño y ha añadido que al menos otras nueve personas están siendo investigadas por esta misma causa.

Este escándalo de corrupción en el sector de obras públicas se produce en medio de un contexto de creciente descontento social en Bolivia por la gestión del Gobierno de Luis Arce. La detención de un exministro de alto rango evidencia la gravedad de las irregularidades y la determinación de las autoridades por investigar y sancionar este tipo de prácticas.

La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de Arce, quien llegó al poder en 2020 tras las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, este caso pone de manifiesto que aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar la corrupción enquistada en las instituciones bolivianas.

Analistas señalan que este escándalo podría tener importantes repercusiones políticas y poner en jaque la estabilidad del Gobierno de Arce, quien deberá demostrar su compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad boliviana exige respuestas contundentes ante estos hechos de presunta malversación de fondos públicos.