Los alcaldes de Santa Cruz, Bolivia, se declararon en emergencia y dieron un plazo de 24 horas al Gobierno nacional para levantar la restricción presupuestaria que limita el gasto del sector público a solo el 20%.
Ante la medida adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Santa Cruz (Amdecruz) reaccionó con firmeza, exigiendo al Ejecutivo que revoque la decisión.
"Estamos en emergencia y le damos 24 horas al Gobierno para que levante esta restricción presupuestaria que nos afecta gravemente", advirtió Angélica Sosa, presidenta de Amdecruz y alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz.
Según Sosa, el recorte del 80% en el presupuesto público pone en riesgo la prestación de servicios básicos a la población, como la recolección de basura, el mantenimiento de calles y avenidas, y la ejecución de obras públicas.
"Nuestros municipios no pueden funcionar con solo el 20% del presupuesto. Esto va a generar un colapso en los servicios y obras que estábamos planificando para este año", advirtió la alcaldesa.
La medida del Gobierno central busca reducir el gasto público y contener el déficit fiscal, en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, los alcaldes cruceños consideran que el recorte es excesivo y perjudica gravemente a sus jurisdicciones.
"Entendemos la situación económica, pero no podemos aceptar que se nos castigue de esta manera. Nuestros municipios necesitan recursos para poder brindar servicios y atender las necesidades de la población", reclamó Sosa.
Los alcaldes cruceños advierten que, de no recibir una respuesta positiva del Gobierno en las próximas 24 horas, tomarán "medidas de presión" para hacer valer sus reclamos. Esto podría incluir manifestaciones, bloqueos de calles y carreteras, e incluso la suspensión de algunos servicios públicos.
La disputa entre el Gobierno central y los municipios de Santa Cruz se enmarca en un contexto de tensiones políticas y regionales que han marcado la gestión del presidente Luis Arce. Los alcaldes cruceños, en su mayoría opositores al partido de gobierno, han sido críticos de las políticas económicas y sociales implementadas por el Ejecutivo.
