En un nuevo capítulo de la disputa política en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó un tramo de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) de 2026 que ampliaba aún más el fondo partidario, cuya previsión actual es de 4,9 mil millones de reales. Esta medida, considerada una "fiesta de dinero público injustificable", ha generado una reacción de la oposición, que ahora planea derribar el veto en el Congreso Nacional.
El fondo partidario es solo una pequeña parte de los recursos públicos que fluyen hacia los partidos políticos en Brasil. Las enmiendas parlamentarias, que sumaron 44,61 mil millones de reales el año pasado, son otro mecanismo que ha sido objeto de escrutinio y operaciones de la Policía Federal por sospechas de desvío de fondos.
A pesar de los esfuerzos del ministro Flávio Dino por suspender algunas de estas enmiendas, la LDO impuso al gobierno la obligación de pagar el 65% de las enmiendas obligatorias, es decir, alrededor de 26,5 mil millones de reales, hasta junio de 2026.
Este derrame de fondos públicos no garantiza, sin embargo, que Lula pueda aprobar en el primer semestre, y sin cambios significativas, dos pautas clave de su campaña de reelección: la PEC de Seguridad y el Proyecto de Ley Antifacción. Además, está en trámite una PEC que propone el fin de la escala 6x1 para los policías.
La disputa entre el gobierno y la oposición en torno a estos temas se perfila como un escenario de "lambaris difíciles de pescar", en referencia a un viejo dicho del fútbol que señala que "el juego se juega y el pez pequeño se pesca".
