El 9 de enero, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública federal, fueron detenidos cuatro personas presuntamente vinculadas al asesinato de dos policías municipales de Puebla. Entre los detenidos se encuentran dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, una funcionaria de la misma corporación y una civil.
Las investigaciones revelaron que el 1 de marzo de 2025, los hoy detenidos llegaron en dos vehículos a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, donde emboscaron y ejecutaron con armas largas a los policías Edgar de Jesús Popoca Gutiérrez y Alejandro Osorio Santellán, adscritos al Grupo Guardián de la SSC.
Según la información oficial, el ataque habría sido una represalia directa, luego de que las víctimas se negaran a participar en actividades ilícitas. Las indagatorias también apuntan a que los implicados formarían parte de una estructura denominada "La Cofradía", desde la cual mantenían contacto operativo y coordinación directa con el grupo delictivo "La Barredora".
Los servidores públicos detenidos presuntamente brindaban protección, filtraban información sensible sobre operativos y aprovechaban su posición para obstaculizar acciones policiales. Quedaron a disposición de un Juez de Control, como probables responsables del delito de homicidio calificado, además de otros ilícitos que podrían configurarse conforme avance la investigación.
El operativo fue ejecutado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, que acudió a las instalaciones de la SSC en Rancho Colorado, para asegurar a los elementos, quienes se desempeñaban como mandos en las zonas dos y tres.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, las cuatro personas capturadas fueron detenidas mediante la Operación Cofradía, con el respaldo de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).
Este hecho evidencia la grave infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, así como la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y depuración en los cuerpos de seguridad. La lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos para garantizar la seguridad pública en el país.
