La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue integrada este viernes en la Gaceta Oficial de Cuba, marcando un hito en el ordenamiento jurídico del país al establecer, por primera vez, un marco normativo integral para el ejercicio de este derecho ciudadano, consagrado en la Constitución.
La nueva ley responde a la necesidad de implementar de manera organizada los derechos y deberes recogidos en los artículos 53 y 97 de la Carta Magna cubana, que reconocen el derecho de los ciudadanos a acceder a la información contenida en documentos y bases de datos, así como la obligación de las instituciones de actuar con transparencia. Hasta ahora, no existía una disposición jurídica que ordenara e implementara cómo debía hacerse efectivo este derecho.
Martha Ferriol Marchena, directora de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), señaló que la norma también representa una oportunidad para refrendar compromisos internacionales asumidos por Cuba, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Administrativa y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En el ámbito nacional, la ley se articula con los Lineamientos de la Política Económica y Social, específicamente el lineamiento 99, que impulsa la consolidación de los sistemas institucionales de gestión documental y archivo como base para una administración pública más transparente.
Durante el período previo a la publicación de la ley, se elaboraron 10 procedimientos, cinco de ellos directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información, incluyendo uno específico que tributa de manera directa a la nueva norma. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de capacitación y acompañamiento institucional en todas las provincias del país para preparar a los sujetos obligados, es decir, a todas las entidades que ejercen funciones públicas o gestionan fondos públicos.
Entre los contenidos que deberán estar disponibles de manera sistemática en los sitios web institucionales se encuentran la información sobre los principales directivos, una caracterización general de la entidad, sus objetivos, misiones, servicios, estrategias, programas y proyectos, así como datos sobre su financiamiento y presupuesto. Sin embargo, la ley establece un plazo de 180 días para su implementación progresiva.
La nueva ley consagra el principio de acceso universal, el carácter gratuito de la información (salvo los costos de reproducción) y la ausencia de cualquier tipo de discriminación para ejercer este derecho. Además, establece mecanismos de reclamación en caso de que no se entregue la información en el plazo establecido, se entregue de forma parcial o se deniegue completamente el acceso sin fundamentos suficientes.
En cuanto a los desafíos, Ferriol Marchena identificó como principales la construcción de una cultura de transparencia, la capacitación sistemática de los sujetos obligados, la difusión de los derechos ciudadanos y el impulso a la transformación digital como herramienta clave para agilizar el acceso a la información.
La ley también establece límites al acceso a la información pública, relacionados con la defensa y la seguridad nacional, la protección de datos personales, comerciales y bancarios, los procesos judiciales o administrativos en curso y determinados aspectos medioambientales. En estos casos, se introduce el principio de la prueba del daño, que obliga a evaluar, de manera contextual, si la divulgación de una información puede generar afectaciones, permitiendo incluso el acceso parcial cuando sea posible.
El cumplimiento de la norma será objeto de supervisión y control a través de los sistemas institucionales de gestión documental, la Comisión Nacional de Memoria Histórica y sus homólogos en los territorios, así como mediante los mecanismos habituales de rendición de cuentas.
"Existen las bases mínimas, los mecanismos creados y personal preparado. Ahora corresponde avanzar en el desarrollo de la cultura de transparencia que la sociedad cubana necesita y demanda en estos momentos", concluyó Ferriol Marchena.
