El gobierno de Nicaragua anunció recientemente el incremento de los timbres fiscales para una veintena de trámites administrativos básicos, lo que encarecerá significativamente el costo de estos servicios a partir del 1 de enero de 2026.
Según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los nuevos precios de los timbres entrarán en vigor a partir de principios del próximo año. Esta medida afectará a 23 trámites considerados esenciales para los ciudadanos nicarag enses, como la obtención de partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, pasaportes, licencias de conducir, entre otros.
El aumento de los timbres fiscales forma parte de una serie de ajustes en los cobros gubernamentales que el régimen de Daniel Ortega ha implementado en los últimos años, en medio de una crisis económica y social que afecta severamente a la población. Analistas señalan que estas medidas buscan generar más ingresos para el Estado, pero terminan repercutiendo de manera directa en el bolsillo de los ciudadanos.
"Es una carga más que se le impone a la gente en un momento en que la situación económica es muy difícil. Muchas familias van a tener que destinar una mayor parte de sus ingresos solo para poder realizar trámites básicos", comentó Álvaro Leiva, experto en finanzas públicas.
Según los datos oficiales, los nuevos precios de los timbres fiscales representan incrementos que van desde el 15% hasta el 50% en comparación a las tarifas actuales. Esto significa que, por ejemplo, el costo de obtener un pasaporte pasará de 50 a 75 dólares, mientras que el trámite de una partida de nacimiento aumentará de 3 a 5 dólares.
Organizaciones de la sociedad civil han criticado duramente esta medida, argumentando que se trata de una nueva forma de asfixiar económicamente a la población y limitar aún más el acceso a servicios públicos esenciales. Advierten que el impacto será especialmente severo para los sectores más vulnerables de la sociedad nicarag ense.
"Es una política regresiva que va a terminar afectando de manera desproporcional a los más pobres. Muchas personas van a tener que renunciar a realizar trámites importantes por no poder costearlos", señaló Verónica Chávez, directora de una ONG de defensa de derechos humanos.
Ante esta situación, diversos actores han exigido al gobierno de Ortega que reconsidere la aplicación de estos aumentos y busque alternativas que no recaigan de forma tan onerosa sobre la población. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades han mantenido su posición de implementar los nuevos timbres fiscales a partir del próximo año.
