El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ha solicitado a las Fuerzas Armadas que mantengan la custodia de la documentación electoral hasta que concluyan los recuentos jurisdiccionales. Esta documentación es indispensable para resolver los 97 recursos de apelación presentados ante el tribunal.
El TJE explicó que la documentación electoral resguardada en el Centro Logístico Electoral constituye un elemento fundamental para la realización de los recuentos jurisdiccionales, los cuales garantizan la transparencia y certeza en la resolución de los recursos interpuestos. Sin este respaldo documental, el tribunal no podría cumplir con su mandato legal.
Por esta razón, el TJE ha solicitado a las Fuerzas Armadas que continúen con el proceso de guarda y custodia total de la documentación electoral hasta que concluyan las labores jurisdiccionales encomendadas al tribunal. Este órgano de justicia electoral reafirmó su compromiso incondicional con las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esta tarea, la cual consideran esencial para garantizar los derechos políticos y electorales de los actores que participaron en las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre.
La solicitud del TJE se produce en un contexto de incertidumbre y cuestionamientos sobre los resultados electorales en Honduras. Los 97 recursos de apelación presentados evidencian la existencia de preocupaciones y reclamos por parte de los diferentes actores políticos.
En este sentido, el papel de las Fuerzas Armadas en la custodia de la documentación electoral adquiere una relevancia crucial, ya que su labor contribuirá a garantizar la transparencia y legitimidad del proceso de resolución de los recursos de apelación. Esto será fundamental para que el TJE pueda cumplir con su mandato de manera imparcial y efectiva.
La decisión del TJE de solicitar la custodia militar de los documentos electorales refleja la importancia que este órgano le otorga a la preservación de la integridad y confiabilidad de la información electoral. Esta medida busca asegurar que los recuentos jurisdiccionales se lleven a cabo con total transparencia y apego a la ley, en un esfuerzo por brindar certeza a todos los actores políticos involucrados.
