Estados Unidos anunció el viernes la incautación de un nuevo petrolero venezolano que intentaba eludir el bloqueo naval impuesto para evitar la salida de crudo sancionado desde Venezuela. Se trata del quinto barco detenido por las autoridades estadounidenses en las últimas semanas, en un esfuerzo por cortar los flujos de financiación del régimen de Nicolás Maduro.
La jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a través de la red social X (ex Twitter) que el buque tanque "Olina" formaba parte de la denominada "flota fantasma" y que había zarpado de Venezuela con la intención de burlar el bloqueo naval estadounidense. "Las flotas fantasma no eludirán la justicia", advirtió Noem, asegurando que la Guardia Costera continuará incautando los petroleros sancionados y haciendo cumplir las leyes.
Este nuevo decomiso se suma a los cuatro buques tanque previamente interceptados por las fuerzas estadounidenses en el Caribe en las últimas semanas. La estrategia de Washington apunta a cortar los flujos de ingresos que permiten al gobierno de Maduro financiar sus actividades, incluidas presuntas operaciones de narcotráfico.
Los expertos señalan que el régimen venezolano ha recurrido a una "flota fantasma" de buques que cambian constantemente de nombre y bandera para intentar evadir las sanciones internacionales y continuar exportando crudo. Sin embargo, la determinación de Estados Unidos por hacer cumplir el bloqueo naval parece haber complicado cada vez más estos intentos de elusión.
"No se escudarán en falsas reivindicaciones de nacionalidad. La Guardia Costera incautará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales, y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo", advirtió la funcionaria de Seguridad Nacional.
La incautación del Olina y los cuatro buques anteriores forma parte de una estrategia más amplia de la administración Biden para asfixiar financieramente al régimen de Maduro y presionarlo a retornar a la democracia. Expertos consideran que estos decomisos representan un duro golpe a los ingresos por exportación de crudo, que constituyen la principal fuente de financiación del gobierno venezolano.
