La administración del expresidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas que parecen responder a una lógica de reorganización del orden mundial, basada en el ejercicio unilateral del poder estadounidense. Este enfoque se expresa en decisiones que afectan principalmente a países con menor capacidad de influencia estratégica frente a Estados Unidos, conocidos como el "sur global".
Dos ejes estructuran esta orientación de política exterior: el control de recursos energéticos y la reducción del papel de los mecanismos multilaterales. Ambos inciden en la forma en que se regulan las relaciones internacionales y los intercambios comerciales.
La incautación de buques petroleros internacionalmente sancionados, realizada al margen de los tratados de soberanía en altamar, ilustra este cambio. Con estas acciones, Estados Unidos asume funciones de supervisión sobre el comercio energético y establece criterios propios respecto de quién puede comerciar, con quién y bajo qué condiciones. El resultado es un desplazamiento de las normas compartidas hacia decisiones sustentadas en la capacidad de intervención de un solo Estado.
La misma lógica se observa en el retiro estadounidense de 66 organizaciones internacionales, incluidas agencias de las Naciones Unidas y acuerdos en materia de clima, migración y trabajo. Estas salidas modifican los espacios de coordinación internacional existentes.
La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro mediante una operación militar directa constituye también un punto de inflexión. No por la mera captura, de alguna manera legitimada por el pueblo venezolano sometido a la coacción chavista por más de dos décadas. El tema de fondo es cómo este hecho introduce el uso directo de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas y estratégicas entre Estados, con un telón de fondo relacionado con la administración de los recursos petroleros.
De manera paralela, se han intensificado presiones diplomáticas sobre territorios como Groenlandia, lo que amplía el alcance geográfico de esta orientación de política exterior.
Asimismo, las sanciones dirigidas contra actores e instituciones internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, refuerzan este patrón. En este contexto, el derecho internacional opera de manera diferenciada según la posición de los Estados y las instituciones involucradas, lo que implica, en la práctica, un desconocimiento arbitrario de las normas.
Este proceso permite una reflexión más amplia sobre el modo en que se concibe la paz en el sistema internacional. En palabras del papa León XIV, también ciudadano estadounidense, la paz deja de entenderse como "un bien en sí mismo y pasa a ser buscada mediante el uso de la fuerza como condición para afirmar el dominio". Esta lógica, advierte el máximo líder católico, compromete el Estado de derecho, que constituye la base de toda convivencia civil pacífica.
La pregunta de fondo no es si Estados Unidos puede imponer este orden por un tiempo. La verdadera cuestión es cuánto conflicto, fragmentación y violencia global se incuban cuando el poder decide gobernar sin reglas, sin consensos y sin límites. Por ende, la insistencia en el respeto al Estado de Derecho cobra mayor relevancia para el futuro del bienestar de las personas en las sociedades globales.
