Empresarios del sector de gas licuado de petróleo (LP) y de estaciones de servicio en el Estado de México han denunciado una presunta red de extorsión operada por elementos de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los testimonios recabados, desde diciembre pasado, los agentes realizan "operativos" en municipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, con el argumento de combatir la venta de combustible robado, conocido como "huachicol". Sin embargo, los empresarios aseguran que estos operativos carecen de sustento legal, ya que los agentes no presentan órdenes formales ni la documentación correspondiente.
Bajo el pretexto de supuestas irregularidades administrativas, los oficiales amenazan con clausurar los negocios y abrir carpetas de investigación, lo que deriva en exigencias económicas que van de los 100 mil a los 200 mil pesos mensuales. Los afectados explican que el modus operandi es sistemático y se repite en distintos establecimientos.
"Tenemos todos los permisos en regla: Secretaría de Energía, Protección Civil estatal y autorizaciones municipales. Renovamos la documentación cuando nos lo piden, generamos empleos y aun así ahora son los mismos policías los que nos quieren joder", denunció Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
Según los testimonios, los agentes se presentan en grupos de aproximadamente 10 personas, armados y en camionetas pick up blancas con insignias oficiales de la FGR, lo que incrementa la intimidación hacia los trabajadores y propietarios de los establecimientos.
Los empresarios aseguran que la extorsión comienza una vez que el establecimiento es cerrado. Los agentes dejan un número telefónico y, al comunicarse, se les indica que para "agilizar" el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, deben entregar el dinero solicitado. "Si no pagas, no vuelves a abrir", advierten.
Los afectados informaron que la FGR ya tiene conocimiento de estos hechos y que existe un expediente abierto en el área de Asuntos Internos. En las denuncias aparece como presunto responsable un policía ministerial que se identifica como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar en representación del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.
Los empresarios del sector energético exigen que se investigue a fondo esta presunta red de corrupción y se frene el acoso institucional que, aseguran, pone en riesgo la viabilidad de negocios que operan dentro del marco legal y que son fundamentales para la economía y el abasto energético en el Estado de México.
