El proyecto de reajuste al sector público del gobierno de Gabriel Boric ha generado controversia, con críticas al nivel de gasto y a normas misceláneas que la oposición califica de "amarre". Sin embargo, el ministro Nicolás Grau defiende que el gasto fiscal será menor que en el gobierno anterior, destacando medidas para evitar despidos arbitrarios.
El proyecto incluye un alza del 3,4% en sueldos, con un coste de $1,6 billones para 2026, menor al promedio de la última década. Además de este aumento salarial, el proyecto contempla otras medidas como bonos, incentivos al retiro y modificaciones legales que han sido cuestionadas por la oposición.
Desde Hacienda, Grau ha señalado que el reajuste del 2019 tuvo un mayor impacto fiscal que el actual, y que este se encuentra en el rango del 10% inferior al promedio de la última década. Sin embargo, sectores de oposición han criticado la inclusión de "normas de amarre" que aprovecharían la rápida tramitación del proyecto para introducir cambios que van más allá del reajuste salarial.
Entre estas medidas cuestionadas se encuentran la posibilidad de que trabajadores públicos puedan acudir a Contraloría en caso de despidos, la creación de nuevas asignaciones y cargos, así como el traspaso de personal a contrata a planta en diversos ministerios.
El gobierno defiende que estas modificaciones buscan evitar arbitrariedades y mejorar la gestión pública, pero la oposición las considera un "amarre" que se aprovecha del proceso de reajuste. El debate en torno al proyecto se mantendrá en las próximas semanas, con el Ejecutivo buscando justificar su propuesta y la oposición presionando por cambios.
