La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en Caracas ha sido calificada por expertos como una "violación flagrante del derecho internacional".
Según Vincent Chetail, profesor del Geneva Graduate Institute, la acción de Estados Unidos no cumple con ninguna de las tres excepciones que permite el uso de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas: que el Estado afectado lo solicite, que el Consejo de Seguridad lo autorice o que se trate de un caso de legítima defensa. "Es evidente que ninguna de ellas es aplicable", afirma el especialista.
El presidente Donald Trump justificó la captura de Maduro afirmando que se trataba de defenderse del "narcoterrorismo", algo que Chetail considera "un argumento destinado a justificarse internamente" y que "no existe en el derecho internacional, es una pura invención".
Esta no es la primera vez que Estados Unidos viola la Carta de la ONU, ya que las invasiones de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003 también fueron contrarias al derecho internacional. Tampoco es la primera vez que el país captura a un jefe de Estado en funciones, como hizo en 1989 con Manuel Noriega, entonces gobernante de Panamá.
Para el experto, esta intervención "crea un clima de incertidumbre generalizada" y se inscribe en la continuidad de la doctrina Monroe de 1823, que sitúa a América Latina bajo la esfera de influencia de Estados Unidos. "Por lo tanto, no se pueden descartar otras intervenciones en esta región", advierte.
Ante esta situación, la mayoría de los países europeos han adoptado una postura cautelosa, evitando condenar la acción estadounidense. Según Chetail, esto demuestra "la debilidad de los países europeos, que tienen dificultades para aceptar la pérdida de su aliado histórico".
El experto considera que Europa debería encontrar un enfoque común que condene simultáneamente la agresión estadounidense y los abusos cometidos por el régimen de Maduro. Asimismo, opina que los países europeos deberían ofrecer su apoyo a las investigaciones llevadas a cabo por la Corte Penal Internacional y la Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos, para que "las víctimas de Maduro se vean resarcidas".
