El Gobierno ha aceptado introducir cambios en el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei para poder asegurar su aprobación en el Congreso. Tras el triunfo del ala dialoguista dentro de la Casa Rosada, el Ejecutivo busca negociar con la CGT y los gobernadores para limitar los aspectos más "regresivos" de la iniciativa y garantizar la paz social.
La reforma laboral impulsada por Milei enfrenta una serie de obstáculos que el Gobierno busca sortear a través de la negociación. Por un lado, la CGT advierte que hay artículos "invotables" que afectarían derechos sindicales clave, como la limitación del derecho a huelga o la desfinanciación de las obras sociales. Por otro, los gobernadores han cuestionado la reducción de las alícuotas de Ganancias a grandes empresas, que implicaría pérdidas millonarias en la recaudación provincial.
Ante este escenario, el Gobierno ha optado por ceder en algunos puntos, como la derogación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) o una mayor flexibilización en la limitación del derecho a huelga, con tal de asegurarse una victoria legislativa. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, ya reconoció que habrá "cambios" en el proyecto original para lograr los votos necesarios.
Tanto la CGT como el ala dialoguista del Gobierno buscan ahora un "compromiso" que permita garantizar la paz social y la inviolabilidad de los derechos sindicales. Los negociadores de ambas partes, entre los que se encuentran figuras como Santiago Caputo y Julio Cordero, mantienen contactos para encontrar un terreno común.
Si bien el Gobierno no es "invencible", advierten desde la central obrera, tampoco lo es la oposición. La aprobación de la reforma laboral sigue siendo un objetivo prioritario para el Ejecutivo, que confía en poder sortear los obstáculos a través de la negociación y los acuerdos.
