Los centros de detención para jóvenes en el estado de Nueva York están sometiendo a los menores recluidos a un régimen de aislamiento prolongado, que puede extenderse por semanas o incluso meses, en celdas sin baño donde los jóvenes deben orinar y defecar en cubos o botellas, según una demanda colectiva presentada ante una corte federal en Manhattan.
La acción legal fue interpuesta por la Legal Aid Society y la firma Jenner and Block, en representación de cinco menores recluidos en centros administrados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), que atiende a jóvenes de entre 12 y 21 años.
La demanda sostiene que estos centros, que deberían cumplir funciones de rehabilitación y tratamiento, someten a los jóvenes a un régimen de aislamiento que les priva de educación, recreación adecuada, acceso suficiente a agua potable y condiciones mínimas de higiene. Muchos de los afectados padecen enfermedades mentales, y el aislamiento les provoca ansiedad, depresión, estrés postraumático y empeoramiento del comportamiento, llegando incluso a generar pensamientos suicidas.
Cabe destacar que el estado de Nueva York prohibió el uso del aislamiento para jóvenes y adultos jóvenes en 2021, al igual que el sistema penitenciario federal, por considerar esta práctica dañina y contraria a los derechos humanos. Sin embargo, la demanda legal asegura que la OCFS continúa utilizando el aislamiento como castigo por presuntas faltas disciplinarias o por falta de personal para manejar las instalaciones, lo que califican como una práctica "ilegal, inhumana y peligrosa".
En junio pasado, el sindicato que representa a empleados de la OCFS también denunció estas condiciones ante legisladores estatales, calificándolas como "alarmantes" y advirtiendo que la infraestructura deficiente ha causado numerosas lesiones laborales. Dawne Mitchell, jefa de abogados de derechos de menores en Legal Aid Society, afirmó que los jóvenes en estos centros "tienen derecho a seguridad, dignidad y a un trato acorde con su edad", y reclamó una intervención inmediata para poner fin a estas prácticas.
La demanda legal busca que se ordene el cese inmediato del uso del aislamiento en estos centros, así como la implementación de medidas para garantizar condiciones dignas y seguras para los menores recluidos. Expertos en derechos humanos han condenado enérgicamente estas prácticas, calificándolas como una violación flagrante de los derechos de los jóvenes.
