La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció que una magistrada rechazó su solicitud de información sobre los operativos policiales y militares durante las protestas de 2022, en los que fallecieron cuatro personas.
Según la organización indígena, la jueza consideró que no hubo afectación de derechos durante el levantamiento, una decisión que, a juicio de Conaie, "tapa la verdad" de lo ocurrido.
La Conaie había solicitado el listado del personal que intervino en los operativos, los informes con las órdenes impartidas, los reportes de uso de armas letales y no letales, y la cadena de custodia de toda la documentación relacionada.
"Aquí los ecuatorianos deben saber la verdad de los hechos", sostuvo Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la organización, quien afirmó que el fallo judicial contradice la Constitución, que establece la obligación de entregar información incluso si es reservada cuando existen vulneraciones de derechos.
Según Conaie, durante los operativos desplegados en Cotacachi y Otavalo, provincia de Imbabura, fallecieron Efraín Fuérez, José Alberto Guamán y Rosa Paqui. Además, Edison David Farinango murió en diciembre tras permanecer hospitalizado por el impacto de bombas lacrimógenas.
El abogado Washington Andrade, representante legal de la Conaie, indicó que la documentación solicitada es clave para avanzar en investigaciones por posibles ejecuciones extrajudiciales, tanto en instancias nacionales como internacionales.
El movimiento indígena lideró un paro nacional de 31 días, entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2022, contra medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa, con protestas y bloqueos principalmente en la provincia de Imbabura.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 391 violaciones de derechos durante las movilizaciones, asociadas principalmente al uso abusivo de la fuerza estatal contra manifestantes y población civil.
La Conaie ha insistido en la necesidad de transparentar lo ocurrido durante las movilizaciones y exige que se entregue la información solicitada para esclarecer las circunstancias de las muertes.
