La explotación de oro en la mina de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, se ha convertido en un pilar fundamental del Presupuesto General del Estado de República Dominicana para el ejercicio fiscal 2026. Según las proyecciones, esta operación minera aportará la impresionante suma de US$475.5 millones, equivalente a aproximadamente RD$31,151.2 millones, al erario nacional.
Este significativo aporte del sector minero es clave para que el Gobierno pueda mantener su compromiso de limitar el déficit fiscal al 3.2% del Producto Interno Bruto, sin tener que recurrir a un mayor endeudamiento público o recortar inversiones críticas en áreas prioritarias como educación, salud y desarrollo de infraestructura.
La estructura tributaria establecida en el Contrato Especial de Arrendamiento Minero, que incluye el Retorno Neto de Fundición, el Impuesto Sobre la Renta corporativo y la Participación de las Utilidades Netas, permite al Estado capturar una porción sustancial de los beneficios generados por la explotación aurífera en Pueblo Viejo. Incluso se contempla un Impuesto Mínimo Anual que garantiza que el Estado reciba al menos el 90% de la suma proyectada de Impuesto Sobre la Renta y Participación de las Utilidades Netas.
Economistas y legisladores señalan que las estimaciones presupuestarias podrían ser conservadoras, ya que los precios internacionales del oro han superado consistentemente la barrera de los US$4,000 por onza troy, lo que sugiere que el potencial real de ingresos podría ser aún mayor. Algunos analistas financieros estiman que el aporte final de Sánchez Ramírez podría alcanzar o incluso superar los US$550 millones.
Estos recursos mineros son fundamentales para financiar las prioridades estratégicas del gasto público en 2026, como los servicios sociales, que absorben el 46% del presupuesto, y la inversión pública en proyectos transformadores de transporte masivo, agua potable, saneamiento y vivienda.
Más allá del éxito consolidado de Pueblo Viejo, República Dominicana posee un enorme potencial geológico en la Cordillera Central, con proyectos como Romero y Candelones, que representan una oportunidad histórica para consolidar al país como potencia minera regional y expandir significativamente la base de ingresos fiscales no tributarios.
El desarrollo de estos nuevos proyectos, sin embargo, requiere un marco de minería responsable que garantice beneficios compartidos y sostenibilidad ambiental. La construcción de una licencia social sólida será clave para que la actividad minera en la Cordillera Central se materialice exitosamente y se convierta en un nuevo pilar que sostenga el presupuesto del futuro dominicano.
