Una cadena de errores, presuntas manipulaciones sistémicas y falta de coordinación interna en el Ministerio del Interior provocaron un crítico vacío de poder institucional en el Resguardo Indígena Socorpa, perteneciente al Pueblo Yukpa. Durante varios días, esta comunidad ancestral careció de un Cabildo Gobernador con registro vigente ante el Estado, lo que puso en riesgo su seguridad jurídica y vulneró directamente su autonomía territorial.
La crisis estalló tras la expedición de la Resolución 260 de 2025, un acto administrativo que, según revelaron comunicaciones internas, fue producto de una irregularidad técnica sin precedentes. El sistema de información indígena (SIIC) habría sido presuntamente manipulado por un funcionario para registrar a una autoridad distinta sin las consultas debidas, derivando en un caos administrativo que descabezó la representación legal del resguardo a pesar de los mandatos judiciales existentes.
Un juez, tanto en primera como en segunda instancia, ya había fallado a favor de la designación de Adolfo Enrique Garcerant Fernández como autoridad legítima del Resguardo Indígena Socorpa. Sin embargo, la Resolución 260 ignoró este hecho, generando un escenario de incertidumbre jurídica que paralizó los trámites fundamentales y la interlocución oficial de los Yukpa.
Para intentar subsanar este error, la Dirección de Asuntos Indígenas emitió finalmente la Resolución 272 del 31 de diciembre de 2025, reconociendo que la entidad excedió sus funciones registrales y alteró indebidamente la situación administrativa de la comunidad. Esta nueva decisión restablece la vigencia del registro de agosto de 2022 y mantiene en el cargo a Adolfo Enrique Garcerant Fernández.
El episodio deja al descubierto la fragilidad institucional y la falta de supervisión en el manejo de los registros de autoridades étnicas, donde incluso las órdenes judiciales fueron vulneradas por fallas internas del Ministerio del Interior. Expertos advierten que este tipo de situaciones ponen en riesgo la autonomía y la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, socavando sus derechos fundamentales.
