El Gobierno ha activado el proceso de desalojo del campamento Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, tras dejar avisos oficiales en los accesos de algunos puntos de la megatoma. El retiro de los habitantes se iniciará de forma gradual, comenzando por parcelas específicas, mientras avanza en paralelo un plan habitacional impulsado por el Ejecutivo.
El documento oficial dejado en los portones de acceso a la megatoma informa que la salida de los habitantes del sector comenzará el próximo lunes 12 de enero. Esta acción reabre el conflicto que combina una orden judicial vigente sobre el terreno, el inicio de un desalojo gradual y un plan habitacional impulsado por el Gobierno para una parte del mismo predio, en medio de la incertidumbre de miles de familias que residen en el asentamiento.
La megatoma se formó en 2019 y actualmente cubre 215 hectáreas en San Antonio. Según datos del Gobierno, el campamento Cerro Centinela está compuesto por más de 4.100 hogares habitados por alrededor de 10.500 personas, de las cuales más de 3 mil son niños, niñas y adolescentes.
En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por los propietarios del terreno y ordenó su desalojo, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024. Ante este escenario, el Gobierno ha decidido activar el proceso de desalojo de manera gradual y progresiva, con el apoyo de la fuerza pública.
La primera etapa del desalojo comenzará el 12 de enero y contempla el retiro de los habitantes de las parcelas 11, 13 y 15. Posteriormente, se dará inicio a la segunda etapa, que considera el desalojo del sector Bosques del Mar. Las fechas de las siguientes etapas serán comunicadas oportunamente.
En paralelo al cumplimiento del fallo judicial, el Gobierno anunció el 2 de diciembre de 2025 un proyecto habitacional integral para enfrentar el conflicto y evitar una crisis humanitaria. La iniciativa contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno, donde se desarrollará una solución habitacional destinada a más de 4 mil familias que hoy viven en el campamento.
Según lo detallado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la decisión se adoptó luego de meses de negociaciones con los propietarios del predio, que no prosperaron debido a diferencias en el precio solicitado. Ante ese escenario, el Gobierno resolvió utilizar las herramientas legales disponibles para adquirir parte del terreno y avanzar en una solución definitiva.
El proyecto habitacional considera lotes urbanizados, soluciones sanitarias y áreas de equipamiento, y las familias deberán complementar los subsidios estatales con ahorro propio, bajo un esquema de corresponsabilidad en el financiamiento de la solución.
