En 2025, El Salvador experimentó un profundo retroceso económico, social y político, según un informe presentado por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP). El documento señala que el país se sumió en un modelo autoritario y antipopular, con un incremento alarmante de la deuda pública que supera los 34 mil millones de dólares.
Sonia Urrutia, dirigente del BRP, denunció que durante el año pasado miles de trabajadores fueron despedidos del sector público, aumentando el desempleo y la precariedad laboral. Además, los salarios y las pensiones se vieron pulverizados por el alto costo de vida, mientras el gobierno protegía y beneficiaba a los grandes grupos económicos.
"El discurso oficial de crecimiento económico es falso y engañoso, dicho crecimiento se concentró en sectores controlados por grupos de poder económico como construcción, finanzas y transporte, mientras la producción agropecuaria, la industria nacional y la economía popular siguieron en deterioro", aseguró Urrutia.
En el ámbito social, el informe revela un profundo desmantelamiento de los servicios públicos. En educación, se cerraron 72 centros escolares y disminuyó la matrícula en 20 mil estudiantes en el sistema público y 40 mil en el privado. En salud, se cerraron 50 unidades y se debilitó la red hospitalaria, mientras avanzaba la privatización encubierta. Además, los cortes permanentes y la importación de agua evidencian el colapso de este derecho humano fundamental.
Según Urrutia, en el plano político, el "régimen" avanzó en la consolidación de un Estado autoritario, mediante la modificación ilegal de la Constitución, la continuidad del régimen de excepción, las capturas arbitrarias, la persecución política y la criminalización de dirigentes sociales y populares.
"Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos buscan sembrar miedo y desarticular la organización del pueblo, la crisis de la oposición partidaria tradicional, carente de liderazgo y estrategia ha contribuido a la parálisis política, dejando a amplios sectores sin una referencia clara", aseguró.
Sin embargo, la dirigente del BRP indicó que pese a la represión, el pueblo no ha sido derrotado, y 2025 también fue un año de lucha, de surgimiento de nuevas articulaciones y de resistencia popular en los territorios.
Por su parte, María Inés Dávila Medina, representante del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y parte del BRP, denunció la escalada agresiva del imperialismo estadounidense y sus aliados en la región, recurriendo a la guerra, el genocidio, las amenazas y la desestabilización política para sostener su dominación global.
Dávila Medina externó que hay un incremento de las amenazas, presiones y mecanismos de injerencia de Estados Unidos contra los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe, incluyendo sanciones económicas, chantajes diplomáticos, financiamiento de la desestabilización interna, militarización y campañas mediáticas.
"Denunciamos que el imperialismo estadounidense ha intervenido de manera directa y descarada en los procesos electorales de países de nuestra América, particularmente en Honduras y Argentina, aplicando una política abiertamente injerencista", recalcó.
Dávila también condenó la postura "servil y entreguista" del gobierno salvadoreño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al respaldar públicamente las acciones militares, las agresiones y las maniobras injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela, traicionando la histórica vocación antiimperialista y solidaria del pueblo salvadoreño.
