El gobierno ha optado por administrar la inseguridad como un espectáculo, con operativos policiales y presencia del presidente en zonas tomadas por el delito, pero sin resultados concretos, según advierten analistas en seguridad. Mientras tanto, la extorsión sigue avanzando y se vuelve cada vez más rentable para las organizaciones criminales.
La criminalidad que asfixia al transporte público en Lima y Callao exige la aplicación de políticas públicas efectivas, no simples escenografías, señalan los expertos. Las cifras son alarmantes: más de 23,000 denuncias de extorsión se registraron entre enero y octubre de 2025, un incremento de casi 27,4% respecto al mismo período del año anterior.
Estas estadísticas muestran que la criminalidad es una realidad estructural de la economía urbana y no un brote episódico. La extorsión se ha vuelto una actividad sistemática que requiere de inteligencia policial, análisis financiero y una estrategia integral para combatir el control territorial de las mafias.
Bajo esta lógica, la criminalidad responde directamente a incentivos. Al ser la impunidad alta y el riesgo de cometer delitos bajo, las organizaciones criminales tienen la impudicia de ajustar sus "tarifas" de extorsión, mientras expanden su radio de acción y siguen afianzando su poder.
En este contexto, los transportistas viven atrapados entre las mafias que cobran por permitirles trabajar y un Estado que no ofrece casi ninguna garantía para desarrollar su actividad en paz. No sorprende, entonces, que las convocatorias a paros se legitimen socialmente y sigan siendo la única medida de protesta hasta el momento.
Ninguna fotografía del presidente posando en operativos policiales sustituye la necesidad de una persecución planificada del delito. Expertos advierten que es fundamental dotar de recursos a grupos con probada solvencia ética que no coluden con el crimen organizado, algo que aún no se ha logrado.
