El acto de inauguración del año judicial celebrado el 5 de enero de 2026 en Sucre, Bolivia, se convirtió en un escenario preocupante para la independencia del Poder Judicial. En dicha ceremonia, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, realizó declaraciones que comprometen seriamente la imparcialidad del sistema judicial boliviano.
Las expresiones vertidas por Saucedo Gómez no pueden ser vistas como un simple gesto protocolar o una opinión personal. Al contrario, constituyen una conducta institucional que afecta directamente la independencia del Órgano Judicial. El máximo representante del Poder Judicial afirmó públicamente que "Lo que usted hizo, Presidente, es constitucional y lo está haciendo por el bien de Bolivia", en referencia a los cuestionados Decretos Supremos 5503 y 5515, cuya constitucionalidad ha sido ampliamente debatida.
Este tipo de declaraciones representa una grave violación a los principios de independencia y separación de poderes establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Carta Magna es clara al señalar que el Estado se organiza a través de poderes independientes y que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, sustentándose en principios como la imparcialidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos.
Desde un análisis constitucional, las palabras del Presidente del TSJ evidencian una subordinación simbólica del Poder Judicial al Ejecutivo, lo cual es incompatible con el diseño institucional del Estado boliviano. Además, suponen una intromisión indebida en el ámbito de competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas.
Los estándares internacionales en materia de independencia judicial, establecidos por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también se ven claramente vulnerados por las declaraciones de Saucedo Gómez. Estos principios forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano y exigen que los jueces decidan sin influencias indebidas y que las instituciones del Estado respeten y acaten la independencia del Poder Judicial.
La historia constitucional latinoamericana demuestra que los retrocesos democráticos suelen justificarse en nombre del "bien común" o la "estabilidad", con la complicidad de tribunales que renuncian a su rol contramayoritario. En ese sentido, las palabras del Presidente del TSJ boliviano no pueden ser tomadas a la ligera, sino que representan una señal alarmante de debilitamiento de la independencia judicial y un avance del inconstitucionalismo con ropaje legal.
La independencia judicial no se pierde solo con leyes o decretos, sino también con palabras. Cuando los jueces dejan de controlar al poder político y, en su lugar, lo legitiman, se fractura el principio de pesos y contrapesos, y se consolida un régimen incompatible con la democracia constitucional.
