El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han alcanzado un acuerdo histórico para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Según el pacto, la Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas, mientras que el Estado establecerá el mecanismo de tramitación a través del Defensor del Pueblo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al presidente de la CEE, Luis Arg ello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, firmaron el acuerdo este jueves en Madrid.
El nuevo sistema contempla que la víctima inicie el proceso ante una unidad del Ministerio de Justicia, que luego trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y reparación, ya sea simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, atendiendo a lo solicitado por la víctima.
Esa propuesta se remitirá a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
En caso de disconformidad, ya sea de la víctima o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la discrepancia, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
Bolaños destacó que el acuerdo salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor", y recalcó que será la Iglesia la que se haga cargo del pago de las indemnizaciones, sin que el Estado abone "un céntimo".
Por su parte, la Iglesia destacó que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la CEE. Además, el Ejecutivo aceptó que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.
Los obispos señalaron que el sistema establecido no está basado en una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes. Asimismo, indicaron que se trata de una vía "temporal" con una duración de un año (prorrogable un año) para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial.
