Guatemala enfrenta un año crucial en el que una serie de procesos de selección y designación de funcionarios clave definirán el rumbo del país en la próxima década. La renovación de puestos fundamentales en la estructura del Estado, como magistrados, contralor de Cuentas Públicas, fiscal general y presidente del Banco de Guatemala, tendrá un impacto directo en la vida de todos los ciudadanos guatemaltecos.
Estos cargos influyen de manera determinante en aspectos cruciales como la confianza en la justicia, el correcto uso de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y la estabilidad económica. Sin embargo, existe una gran asimetría en la manera en que estos procesos afectan a la población. Mientras que para la mayoría de los guatemaltecos el impacto no es fácil de medir, un pequeño grupo de actores con intereses legales e ilegales sí tiene mucho en juego.
Durante estos procesos, la presión y el lobby aumentan, y sectores de toda índole, incluyendo redes de corrupción y grupos vinculados a actividades ilícitas, buscan influir en las decisiones. Mientras unos aspiran a fortalecer el Estado de derecho, otros solo desean asegurarse favores, bloqueos de investigaciones o el manejo opaco de fondos.
Este pulso silencioso pocas veces se discute abiertamente, pero sus efectos terminan definiendo si Guatemala avanza hacia la transparencia y el desarrollo, o si, por el contrario, se profundizan la corrupción y la impunidad.
La peor respuesta ante este panorama sería la indiferencia. Aunque para la mayoría parezca que "nada cambia", la realidad es que cada decisión tomada en estos procesos puede traducirse en mejores oportunidades, servicios públicos de calidad, justicia efectiva y estabilidad económica, o exactamente lo contrario.
El llamado es claro: la ciudadanía no puede darse el lujo de permanecer apática. Seguir de cerca estos procesos, exigir transparencia y rendición de cuentas, y alzar la voz cuando sea necesario, son pasos esenciales para evitar que unos pocos decidan el destino de todos.
Guatemala enfrenta un año crucial en el que los procesos de selección y designación institucional trazarán el camino de la próxima década. La asimetría de intereses es real, y el riesgo de perder oportunidades colectivas por la acción de grupos con agendas propias está latente. Solo una ciudadanía informada, exigente y participativa podrá inclinar la balanza hacia un país más justo y próspero.
