El Poder Judicial dispuso la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso penal que se sigue contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso denominado 'Alas Peruanas'. La decisión, adoptada por la jueza Margarita Salcedo, marca un nuevo escenario judicial para la agrupación política, al reforzar la línea de investigación fiscal sobre el presunto uso de estructuras partidarias para canalizar recursos ilícitos.
La resolución fue emitida el 15 de diciembre de 2025, luego de que la magistrada declarara fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía especializada en lavado de activos el 30 de abril del mismo año. En su pronunciamiento, indicó que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales.
Durante la audiencia previa, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el pedido fiscal fuera declarado improcedente. Argumentaron que la Fiscalía no había formulado una imputación concreta y válida contra el partido, y que existían hasta seis versiones defectuosas de los hechos atribuidos. Sostuvieron además que el plazo de la investigación preparatoria había vencido el 5 de mayo de 2025, lo que, consideran, vulneraba el derecho a la defensa y a la igualdad procesal para cualquier persona natural o jurídica incorporada después de la conclusión de dicha etapa.
No obstante, la jueza rechazó estos argumentos. Explicó que el pedido de la Fiscalía fue presentado dentro de la etapa procesal correspondiente y que su trámite se vio retrasado por recusaciones reiteradas interpuestas contra los jueces del caso, acciones promovidas por los investigados. La magistrada subrayó que, pese a estos obstáculos, el Ministerio Público actuó conforme a ley y dentro de los plazos permitidos, por lo que la incorporación de Fuerza Popular resulta válida en el marco del proceso penal.
Como parte de su decisión, la jueza ordenó al órgano social del partido bajo su denominación legal original, Partido 2011 que designe a un apoderado judicial en un plazo de cinco días. Advirtió que, en caso de incumplimiento, el propio despacho judicial procederá a designar un representante de oficio para garantizar la continuidad del proceso.
La tesis fiscal sostiene que en el interior de Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal, cuyo objetivo era obtener poder político en el Ejecutivo a través de la captación de recursos de origen ilícito. Según el Ministerio Público, el partido habría recibido aportes provenientes de empresas de Joaquín Ramírez y de operaciones comerciales irregulares vinculadas a la Universidad Alas Peruanas.
La investigación busca determinar si estos fondos sirvieron para financiar actividades partidarias, encubrir el origen del dinero y dar apariencia de legalidad a los recursos presuntamente ilícitos. Con la incorporación de la persona jurídica al proceso, el caso ampliará su alcance y permitirá evaluar eventuales responsabilidades institucionales de Fuerza Popular bajo el marco legal vigente.
