El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, alertó sobre una preocupante situación de criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija.
Callisaya explicó que el pasado 5 de enero se produjo un nuevo ingreso a la zona por parte de la Policía Boliviana, quienes montaron un campamento junto a personal de la empresa Petrobras, con el objetivo de iniciar actividades de exploración petrolera. Esto, a pesar de que no se habría cumplido adecuadamente con el proceso de consulta pública, tal como lo exige la normativa vigente.
"Llama la atención el hecho de que anteriormente no se hubiese cumplido a cabalidad un proceso de Consulta Pública en el cual no se ha presentado ni el plan de trabajo, ni el estudio de impacto ambiental en forma adecuada, de tal manera que se permita a los comunarios, a la población de Chiquiacá, adoptar una posición informada a este respecto", señaló el Defensor.
Además, Callisaya denunció que se ha iniciado un segundo proceso penal en contra de los comunarios de la zona, acusándolos de delitos como asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse la representación del pueblo. Esto, según el Defensor, es "una muestra negativa" del accionar del Estado respecto del estatus que tienen estas personas como defensores ambientales.
"Nosotros lo que recomendamos es el cumplimiento de un proceso de Consulta Pública que tenga respeto por los estándares internacionales", indicó Callisaya, recordando que la Ley 1333 de Medio Ambiente exige la presentación de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental debidamente informados.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado al diálogo y al respeto de la normativa vigente, a fin de encontrar una solución pacífica al conflicto en torno a la Reserva de Tariquía. Asimismo, activó el monitoreo de las posibles protestas que puedan surgir, demandando que estas sean pacíficas.
Por su parte, diversas organizaciones sociales de Tarija han salido en defensa de la Reserva de Tariquía y han exigido al gobierno un "sinceramiento" sobre sus verdaderas intenciones en la zona.
