El Gobierno de Guatemala ha salido al paso ante la reciente cancelación, por motivos de forma, de la Ley del Presupuesto 2025 aprobada el año pasado. En una conferencia de prensa, el mandatario recordó que la Constitución Política establece los mecanismos para garantizar el funcionamiento de la administración pública, a pesar de este revés legal.
El jefe de Estado subrayó que el Ejecutivo está firmemente comprometido a continuar trabajando para responderle al pueblo y brindarle los servicios que necesita y merece para llevar el desarrollo a todas las esquinas del país. Esto, en medio de intentos de desinformación que buscan infundir temores sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones.
Por su parte, el viceministro de Finanzas Públicas, Walter Orlando Figueroa, explicó los pasos que se están dando para asegurar que siga el funcionamiento de cada entidad estatal. Primero, rindió cuentas sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025, en la cual las carteras registraron un 90,6% como promedio.
Figueroa también detalló cómo se repartirá el Presupuesto 2025, que continúa vigente, cuyo monto asciende a 154 mil 936,6 millones de quetzales (más de 20 mil millones de dólares). En consecuencia, la suspensión de la Ley aprobada a final del año pasado, si bien es incómoda, no detiene la gestión del Ejecutivo.
Incluso, el titular de la cartera de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, anunció que en las primeras semanas de este año presentarían una iniciativa de Ley para la ampliación del Presupuesto anterior. Esto, luego de que una mayoría de diputados avalara en noviembre pasado la Ley del Presupuesto 2026, bajo la figura de urgencia nacional, con 163 mil 469 millones de quetzales (más de 21 mil millones de dólares), otro récord para el país.
No obstante, algunas organizaciones han señalado falta de claridad del Poder Legislativo y considerado que se replicaron "prácticas opacas del pasado", especialmente en un año preelectoral.
El Gobierno de Guatemala, a través de sus principales funcionarios, ha dejado claro que, pese a los reveses legales, mantendrá la continuidad de los servicios públicos y avanzará en nuevas iniciativas presupuestarias para responder a las necesidades de la población. La transparencia y el compromiso con el desarrollo del país parecen ser los ejes centrales de su estrategia en este complejo escenario.
