Con el anuncio del aumento del salario mínimo en Colombia, muchos colombianos se preguntan qué otros servicios y bienes se encarecerán este 2023. Uno de los rubros que genera inquietud es el de la administración de edificios y conjuntos residenciales.
Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el administrador debe hacer un presupuesto "dependiendo de los gastos y reparaciones que requiera cada conjunto", y este cálculo debe ser sometido al visto bueno de la asamblea de copropietarios.
La ley es clara: la asamblea general de copropietarios es la encargada de "aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias". Esto quiere decir que si el administrador decide aumentar la cuota de administración de forma unilateral aplicando el IPC o el salario mínimo, estaría incurriendo en "un acto inaplicable y viciado de nulidad por ser violatorio de normas de orden público".
Según la abogada Marcela Ogliastri, los propietarios "deben impugnar primero en la asamblea o ante la junta de vigilancia. Y si persiste la irregularidad, demandar la nulidad del acto administrativo ante un juez civil municipal, presentando pruebas como citaciones y actas" para revertir el incremento de la administración.
En resumen, los aumentos en las cuotas de administración de edificios y conjuntos residenciales en Colombia deben ser aprobados por la asamblea de copropietarios, y no pueden ser decididos de forma unilateral por el administrador. Los residentes tienen mecanismos legales para impugnar y revertir incrementos que no cumplan con este procedimiento.
