El caso de la presa política cubana Idolidia Carrasco Lobo pone en evidencia las restricciones impuestas por el régimen de La Habana a los beneficios carcelarios para opositores. A pesar de tener buen comportamiento y cumplir con los requisitos legales, el Tribunal Provincial de La Habana le ha denegado en tres ocasiones la solicitud de libertad condicional.
Carrasco Lobo, de 45 años, fue declarada culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato y desacato agravado, luego de participar en una protesta en su ciudad natal de G ines, donde un grupo de vecinos salieron a las calles a reclamar el regreso de la corriente eléctrica. Fue sentenciada a cuatro años de privación de libertad en un correccional con internamiento adjunto a la prisión de Mujeres del Guatao.
Según familiares de la presa política, que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, Carrasco Lobo ha cumplido con todo lo establecido durante su condena, demostrando un buen comportamiento. Sin embargo, las autoridades penitenciarias han presentado en múltiples ocasiones la petición de libertad condicional, siendo rechazada sistemáticamente por el tribunal.
"Ella tiene un buen comportamiento y está cumpliendo con todo lo establecido. Es una muestra más de represión por su caso de política y está presa injustamente", señaló un familiar cercano a Martí Noticias.
Los documentos a los que tuvo acceso este medio indican que el tribunal argumenta que Carrasco Lobo no ha cumplido con el término legal de cumplimiento de la tercera parte de la sanción a extinguir, que comenzó en 23 de mayo de 2024 y finaliza el 14 de mayo de 2028. Sin embargo, la fuente consultada asegura que la presa política ya cumplió con ese requisito.
"Ya ahora cumplió el tercio de la sanción y, sin embargo, no le aprobaron el beneficio al que tiene derecho. Cumpliendo todas las normas como ella está haciendo. Por eso creo que la están castigando doblemente por su condición de política", indicó la fuente.
En sus conclusiones provisionales presentadas al juicio, el fiscal argumentó que Carrasco Lobo mantenía, antes de su detención, una conducta hostil al "proceso revolucionario y a sus dirigentes".
Abogados independientes han explicado que, en la práctica, son los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, quienes determinan quiénes progresan y quiénes no en el sistema carcelario cubano. A menudo, los presos políticos son privados de los beneficios carcelarios, como la libertad condicional, con el argumento de que son una amenaza a la "estabilidad social" o a "la moral socialista".
El caso de Idolidia Carrasco Lobo es un claro ejemplo de cómo el régimen cubano utiliza el sistema judicial para castigar a los opositores políticos, negándoles incluso los derechos y beneficios que les corresponden por ley. Su situación refleja la grave crisis de derechos humanos que vive la isla bajo el gobierno de los hermanos Castro.





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