La reciente intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump contra el régimen venezolano ha abierto un nuevo frente de dudas entre miles de migrantes que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Mientras el Gobierno estadounidense sostiene que Venezuela ofrece hoy condiciones para el retorno de estos ciudadanos, las propias acciones militares y el discurso oficial parecen enviar un mensaje opuesto.
Esa contradicción quedó expuesta en una entrevista de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que Venezuela sería ahora un país más libre y que sus ciudadanos podrían regresar sin mayores riesgos. Sin embargo, expertos en inmigración advierten que el escenario legal y humanitario para los venezolanos sigue siendo complejo, incierto y, sobre todo, difícil de justificar desde el punto de vista del derecho migratorio.
El abogado de inmigración Omar Ortiz Vélez considera que el razonamiento de Noem no encaja con la realidad que describen los informes internacionales. A su juicio, resulta difícil sostener que Venezuela sea un destino seguro cuando, por un lado, se cancela el TPS y se rechazan solicitudes de asilo bajo el argumento de que las personas pueden volver, y por otro, se reconoce implícitamente la gravedad de la situación al intervenir militarmente.
Ortiz Vélez subraya que la reciente operación para arrestar a Nicolás Maduro complica aún más el panorama. Desde su perspectiva, si se consideró necesaria una intervención de ese calibre, es ilógico afirmar que las condiciones están dadas para que los migrantes regresen de inmediato. Además, recuerda que los reportes usados como evidencia en procesos migratorios siguen señalando graves riesgos para quienes salieron del país buscando alivio frente a la persecución política.
Sobre las declaraciones de Noem, el abogado advierte que cualquier cambio real necesita tiempo. Señala que tras eventos como la captura de un líder político siempre existe un periodo de inestabilidad, más aún cuando el régimen continúa activo y se desarrollan operaciones internas. Pretender que el retorno sea inmediato, dice, no solo es difícil de comprender, sino que ignora la dinámica real que viven los países tras crisis de esta magnitud.
La contradicción se vuelve aún más evidente tras el decreto de conmoción exterior activado por el Gobierno venezolano luego de la captura de Maduro y su esposa. Este documento ordena la búsqueda y captura de personas involucradas en la promoción o el apoyo del ataque armado de EE.UU. contra Venezuela. Para Ortiz Vélez, esta medida choca frontalmente con la idea de que los migrantes pueden regresar con seguridad, ya que muchos de ellos podrían enfrentar una persecución aún mayor, precisamente por haber huido del país o por haber expresado apoyo a los cambios recientes.
En ese contexto, el abogado concluye que el discurso oficial y la realidad legal no coinciden. Mientras se afirma que Venezuela es ahora más libre, las decisiones internas del régimen y los propios antecedentes de la intervención militar refuerzan la percepción de riesgo. Para los beneficiarios del TPS, el futuro inmediato sigue marcado por la incertidumbre y por una pregunta que aún no tiene una respuesta clara: si realmente existen las condiciones para volver sin poner en peligro sus vidas.
