La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano para frenar lo que organizaciones civiles han calificado como una "masacre carcelaria latente" en las cárceles del país. Según los datos, durante el 2025 fallecieron alrededor de 600 personas privadas de libertad, principalmente por causas vinculadas a desnutrición crónica, tuberculosis y falta de atención médica.
La crisis humanitaria en el sistema penitenciario ecuatoriano alcanzó niveles alarmantes. Un llamado desesperado desde la Penitenciaría del Litoral, el centro carcelario más grande del país, evidenció la gravedad de la situación. El 3 de diciembre de 2025, los funcionarios solicitaron con urgencia el carro de Medicina Legal para retirar el cadáver de un interno que había permanecido un día completo en su celda. Lamentablemente, este hecho no fue un caso aislado, sino que se ha convertido en una práctica común.
Según denuncias del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, los cuerpos de los internos fallecidos por "causas naturales" o cuyas muertes están "por determinar" pueden permanecer días en las celdas, generando nuevos focos de enfermedad en un centro caracterizado por un hacinamiento extremo y un brote activo de tuberculosis.
"Lo que está ocurriendo en la Penitenciaría del Litoral es una masacre carcelaria latente, perpetrada por el Estado", sentenció Fernando Bastías, miembro del CDH. La cifra de alrededor de 600 fallecidos en 2025 supera incluso el número de víctimas de las 15 masacres carcelarias ocurridas entre 2021 y 2024, que dejaron al menos 567 personas asesinadas a escala nacional.
Ante esta situación, la CIDH otorgó medidas cautelares al considerar que los internos enfrentan una "situación de gravedad y urgencia" que viola sus derechos a la vida, integridad personal y salud. El organismo ordenó al Estado ecuatoriano garantizar, de manera urgente, acceso a atención médica especializada, tratamientos, alimentos de calidad, agua potable y tomar acciones inmediatas para reducir el hacinamiento.
Además, se ha instalado una Mesa de Emergencia Penitenciaria, integrada por diversas instituciones, con el objetivo de atender la crisis. Sin embargo, los activistas advierten que en el pasado las decisiones técnicas sugeridas en estos espacios "siempre quedaban supeditadas a la 'consulta de superiores', quienes finalmente no autorizaban las medidas".
La comunidad internacional observa ahora si la presión combinada de la justicia nacional y el sistema interamericano logra torcer el rumbo de una tragedia en donde la muerte por negligencia estatal parece haberse institucionalizado.
