En una inquietante escena, el presidente del Concejo Municipal de Limón, Juan Pablo Poveda Chinchilla, se presentó a dirigir una sesión municipal el pasado 23 de diciembre usando un chaleco antibalas y custodiado por dos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta medida de seguridad, sin precedentes en un espacio público y democrático como lo es un concejo municipal, ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la situación de violencia que enfrenta la provincia de Limón.
La sesión, que duró tres horas y fue transmitida en redes sociales, transcurrió en un incómodo silencio. Ni Poveda, ni la alcaldesa Ana Matarrita McCalla, ni el resto de los regidores ofrecieron una explicación sobre las razones que llevaron a tomar estas medidas de seguridad. Este silencio, según expertos, "dice más que mil palabras" y abre la puerta a que los representantes municipales puedan ver limitada su libertad de expresión y de voto.
Los hechos tienen un antecedente una semana antes, cuando en la sesión del 16 de diciembre, Poveda se opuso a dispensar del trámite de comisión una modificación presupuestaria propuesta por la alcaldesa para reconocer anualidades a los empleados municipales y financiar uniformes a deportistas que participarán en los Juegos Nacionales. Esta decisión desató un "polvorín" en el público asistente, con gritos, suspensión de la sesión y un incidente que requirió la intervención de la Policía.
En la sesión del 23 de diciembre, la alcaldesa presentó una moción para retomar el tema de la modificación presupuestaria, pero finalmente no prosperó por falta de la mayoría requerida. Poveda, quien es candidato a diputado por el Partido Liberación Nacional, advirtió que si se debe pagar la anualidad a los trabajadores, se hará, pero antes se consultará la legalidad de la decisión, pues teme exponerse al delito de prevaricato y al retiro de credenciales.
Expertos señalan que este tipo de situaciones, en las que la violencia y la intimidación invaden los espacios civiles, son una señal de alerta para todo el país. Sostienen que el silencio de las autoridades y la falta de transparencia sobre lo ocurrido alimentan versiones, abren espacio a sospechas y normalizan la violencia, algo que no puede ser aceptable en una democracia.
Ante este preocupante escenario, las autoridades municipales y provinciales deben brindar una explicación clara y detallada sobre las razones que llevaron a tomar estas medidas de seguridad excepcionales. Solo con transparencia y rendición de cuentas se podrá evitar que el miedo siga ganando terreno en los espacios públicos, donde debe prevalecer el diálogo y el respeto a las instituciones democráticas.
