El reciente informe del Comité Extraordinario de Personas Expertas Independientes sobre Desigualdad Mundial del G20 ha puesto en evidencia la grave situación de desigualdad que enfrenta Ecuador, convirtiéndose en un espejo incómodo para el país.
El documento, liderado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, señala que la desigualdad económica en Ecuador no solo es una cuestión de justicia distributiva, sino una amenaza sistémica a la estabilidad política, la cohesión social y el funcionamiento democrático. Según el informe, el 1% más rico del país acumuló el 41% de toda la nueva riqueza generada entre 2000 y 2024, mientras la mitad más empobrecida apenas accedió al 1%.
Estas cifras revelan una realidad preocupante que se manifiesta en múltiples dimensiones. El Índice Global de Hambre sitúa a Ecuador con un nivel "serio" de inseguridad alimentaria, con un estancamiento en la reducción de este indicador en la última década, en contraste con los avances de países vecinos.
La geografía de la desigualdad en Ecuador es aún más alarmante, con provincias amazónicas ricas en recursos naturales, pero pobres en infraestructura y servicios públicos, que exhiben niveles de concentración de ingresos equiparables a los países más inequitativos del mundo. Mientras que provincias como Santa Elena y Cañar presentan niveles de desigualdad relativamente moderados, Sucumbíos, Morona Santiago y Napo muestran una realidad mucho más cruda.
Además, la brecha urbano-rural se mantiene relativamente estable, con niveles de desigualdad similares tanto en áreas urbanas como rurales. Esto sugiere que las fuerzas estructurales que generan desigualdad siguen operando en el país.
El informe del G20 también señala que el sistema jurídico y económico internacional ha contribuido de manera significativa a agravar la desigualdad en Ecuador. Aspectos como los acuerdos de propiedad intelectual, la liberalización comercial sin políticas complementarias y el sistema fiscal internacional que permite a las multinacionales minimizar su tributación, han perpetuado un "círculo vicioso de desigualdad".
Situar a Ecuador en el contexto regional revela la magnitud de sus desafíos. Con un coeficiente de Gini de 45,2 en 2024, el país se ubica entre los más desiguales de América Latina, solo superado por Brasil, Colombia y Panamá. Incluso al compararlo con países de desarrollo similar, como Perú y Costa Rica, Ecuador muestra resultados sociales inferiores, lo que confirma la tesis del informe del G20: el grado de correlación entre desigualdad económica y otras desigualdades depende en gran medida de las políticas públicas.
El informe del G20 no ofrece soluciones mágicas, pero sí una hoja de ruta basada en evidencia: la desigualdad se combate con políticas deliberadas, sostenidas y coordinadas. Ecuador tiene la capacidad técnica, los recursos naturales y el capital humano para reducir sus brechas, pero el desafío radica en construir acuerdos políticos que trasciendan los ciclos electorales y asuman los costos de una transformación que, según el informe, es no solo deseable sino urgente para la estabilidad democrática del país.
