La Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines han mantenido bloqueos de caminos y tomas de infraestructura petrolera en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los combustibles. La medida ha generado posturas encontradas, con los manifestantes argumentando que aumentará los costos del transporte, afectará la producción agrícola y encarecerá servicios, mientras que el Gobierno y sectores empresariales sostienen que es necesaria para sostener la economía.
Las protestas han derivado en enfrentamientos con la Policía, que ha desplegado un refuerzo de 1.800 efectivos en La Paz. Doce personas fueron aprehendidas y serán presentadas ante un juez cautelar. Además, se registraron daños valorados en 250.000 bolivianos.
El Gobierno ha convocado a un diálogo con la COB, pero este gremio ha desistido de acudir. Mientras tanto, los bloqueos se han extendido a otras regiones del país, como Santa Cruz, donde la estatal YPFB Transporte informó que la Estación de Compresión y Bombeo Oconi fue tomada por comunarios, paralizando sus operaciones.
Los analistas señalan que las protestas tienen un carácter ideológico y buscan rearticular grupos sociales vinculados al anterior gobierno, generando un rechazo mayoritario de la ciudadanía, que prioriza la estabilidad económica. Sin embargo, reconocen que algunas acciones del Ejecutivo, como el decreto que se sobrepone a la Asamblea Legislativa, podrían requerir correcciones.
En este contexto, el conflicto se ha judicializado, con la Fiscalía abriendo cuatro procesos contra afiliados de la COB. Mientras tanto, el Gobierno ha abierto la puerta a posibles ajustes al decreto, en un intento por desescalar la tensión.
