El reciente Decreto Supremo 5515, emitido por el gobierno boliviano, que permite al presidente ejercer sus funciones desde el exterior del país, ha generado un intenso debate en torno a su constitucionalidad y alcance.
El decreto establece que el presidente podrá ausentarse del territorio nacional por más de 10 días sin autorización del Congreso, utilizando medios digitales para ejercer sus atribuciones. Esta medida ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que entra en conflicto con la Constitución Política del Estado (CPE).
Según el artículo 169.II de la CPE, en caso de ausencia temporal del presidente, asumirá la Presidencia quien ejerza la Vicepresidencia, por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Esto plantea una aparente contradicción con el decreto, que busca que el presidente ausente del territorio ejerza sus funciones de manera remota.
"No puede un gobernante autoregularse y establecer la manera en que ejercerá sus funciones, excepto que sea una monarquía o dictadura y se disuelva la soberanía popular", señaló un analista constitucional consultado.
Por su parte, el doctor Jorge Asbún, reconocido jurista, ha respaldado el decreto, argumentando que el artículo 173 de la CPE establece que el presidente puede ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de 10 días.
Sin embargo, expertos señalan que este artículo se refiere específicamente a la ausencia del territorio, pero no autoriza el ejercicio pleno y continuo del poder ejecutivo desde el extranjero utilizando conexiones digitales.
"La temática que pretende regular el DS 5515 debe ser contrastada con el artículo 169.II de la actual Constitución, que establece que en caso de ausencia temporal, asumirá la Presidencia quien ejerza la Vicepresidencia", señaló un analista.
Algunos consideran que esta disputa entre el presidente y el vicepresidente es de carácter político y que lo responsable sería que ambos encontraran una salida que les permita compatibilizar sus diferencias y coordinar el ejercicio del poder durante los 5 años de mandato.
Ante este escenario, se plantea la necesidad de una reforma constitucional que regule el ejercicio de la "Presidencia digital", remodulando las atribuciones del vicepresidente o incluso suprimiendo ese cargo, como ocurre en otros países.
Por ahora, el debate continúa y se espera que las instituciones competentes aborden esta controversia de manera rigurosa, priorizando el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho.
