El fiscal José Domingo Pérez, quien formaba parte del desactivado Equipo Especial Lava Jato, advirtió que la disolución de esta unidad especializada tendrá un impacto directo en las investigaciones y juicios en curso que involucran a altos mandos políticos y expresidentes peruanos.
En una reciente entrevista, Pérez cuestionó los argumentos esgrimidos por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, para justificar la desactivación de los grupos de élite del Ministerio Público. Según el magistrado, las críticas públicas al desempeño del equipo Lava Jato no se reflejan en la resolución oficial que ordenó su cierre.
"No quiero descender a ese nivel de entrar en dimes y diretes con quien representa a la institución. El caso Lava Jato ha logrado resultados históricos: expresidentes condenados y juzgamientos en curso", sentenció Pérez, quien fue reasignado a las Fiscalías Supraprovinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, pero sin precisar los expedientes que mantendrá bajo su responsabilidad.
La resolución emitida por la Fiscalía de la Nación también dispuso el cese de Rafael Vela Barba como coordinador del equipo Lava Jato. Aunque ambos fiscales permanecen dentro del subsistema de Lavado de Activos, la pérdida de la estructura articulada del equipo especial genera incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia legal en casos emblemáticos que ya se encuentran en el Poder Judicial.
Pérez consideró que esta medida es solo una "primera etapa" de una serie de ataques contra su labor y la de Vela. Cabe recordar que el fiscal aún enfrenta procesos en la Autoridad Nacional de Control por brindar declaraciones públicas; no obstante, se mostró optimista sobre su retorno a la plaza de fiscal provincial que ocupaba anteriormente.
La decisión de Tomás Gálvez ha generado controversia en el ámbito jurídico, dado que la fiscalía de Lavado de Activos ahora estará bajo el mando de Germán Juárez Atoche, exmiembro del equipo disuelto. La falta de plazos y lineamientos claros en la reasignación de los expedientes abre una interrogante sobre el futuro de las pruebas y testimonios clave obtenidos mediante acuerdos de colaboración eficaz en los últimos años.
