Sánchez denuncia la "ilegalidad" de la acción militar de EEUU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha endurecido su postura contra la "acción militar" de Estados Unidos en Venezuela, calificándola de "ilegal" y acusando a Donald Trump de tener el objetivo de "cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales".
Durante una rueda de prensa desde París, tras participar en la cumbre de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, Sánchez afirmó que la "ilegitimidad" del gobierno chavista "no puede ser respondida como una ilegalidad". Es la primera vez que el presidente del Gobierno español se pronuncia públicamente desde que se produjo la intervención de EEUU en Venezuela.
Sánchez ofreció la mediación de España para facilitar el diálogo entre el gobierno venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, y la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado, con el objetivo de abrir un proceso de transición que acabe en "elecciones libres". Sin embargo, advirtió que la intervención militar supone un "precedente terrible y muy peligroso", utilizando también el término "invasión" e insistiendo en que recuerda a otras operaciones guiadas por la "sed de petróleo".
El jefe del Ejecutivo también se refirió a la "amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo", como es el caso de Dinamarca ante la "amenaza expansionista de Trump sobre Groenlandia", asegurando que "España no va a ser cómplice de tal atropello". En este sentido, el Gobierno español firmó un comunicado conjunto con Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defendiendo la soberanía de la isla.
Por otro lado, Sánchez anunció que durante los próximos días se reunirá con los grupos parlamentarios del Congreso para trasladar el papel que está dispuesto a desempeñar España en la contribución a Ucrania, de producirse un alto el fuego. Aunque no está cerrado completamente el esquema de garantías de seguridad, el presidente del Gobierno ha ido abonando el terreno para el envío de tropas españolas en misión de paz, siempre y cuando se produzca un alto el fuego y en alianza con el resto de los 35 países miembros de la Coalición de Voluntarios.
Este extremo necesitaría la autorización del Congreso, según la ley de seguridad, y socios del arco izquierdo ya lo rechazaron cuando comenzó a plantearse por parte algunos países de la mencionada coalición. El despliegue de tropas españolas sobre el terreno se sumaría a la contribución económica para la reconstrucción del país.
El Gobierno ha ido moviéndose en las últimas horas para endurecer el tono de condena y acercado así posiciones con Sumar. Primero, al asumir Pedro Sánchez en una carta a la militancia del PSOE una condena "rotunda" de la intervención, que los socialistas escalaban este lunes al calificar de "invasión bélica". Después, al alinear posiciones con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, como reclamaron los ministros del socio minoritario.
